CIUDAD DE MÉXICO. La orden de aprehensión contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue concedida tras un cambio de juzgadora en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, luego de que un primer intento de la Fiscalía General de la República (FGR) fuera rechazado por insuficiencia de pruebas.
El 22 de junio de 2026, el juez Mario Elizondo Martínez negó las órdenes de captura solicitadas contra 23 personas presuntamente relacionadas con una red de huachicol fiscal. En su resolución, concluyó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) no acreditó de manera suficiente los delitos ni los elementos que sustentaban las imputaciones.
Sin embargo, el 13 de julio la FGR presentó una nueva solicitud, ahora ante la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien se encontraba de guardia. Un día después autorizó las órdenes de aprehensión contra 25 personas, entre ellas Ruffo Appel y otros presuntos integrantes de la estructura investigada.
En su resolución, la juzgadora consideró que existían elementos para señalar al exmandatario como presunto dirigente de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos y ordenó su captura por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y un ilícito en materia de hidrocarburos. Además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los imputados.
Tras su detención en Ensenada, Ruffo fue trasladado a la Ciudad de México y compareció por videoconferencia ante la autoridad judicial junto con otros siete detenidos. La audiencia de imputación inició con varias horas de retraso debido a problemas técnicos y a solicitudes de la defensa para entrevistarse con sus representados.
Durante la diligencia, el Ministerio Público comenzó a presentar los datos de prueba que sustentan la investigación, mientras la defensa prepara su respuesta. Será el órgano jurisdiccional el que determine en las próximas etapas si existen elementos para vincular a proceso al exgobernador y al resto de los acusados, quienes mantienen la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.