CDMX.- La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otras siete personas por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocida como “huachicol fiscal”, al considerar que existen elementos suficientes para que enfrenten un proceso penal.
La resolución fue emitida al concluir una audiencia que se prolongó por más de 36 horas, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba que sustentan las acusaciones por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles.
De acuerdo con la investigación federal, la organización habría operado mediante una red de empresas que presuntamente simulaban operaciones comerciales para introducir gasolina y diésel desde Estados Unidos a México, evadiendo el pago de impuestos y otras contribuciones fiscales.
Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995, fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada. Aunque ha reconocido ser accionista de una de las empresas bajo investigación, ha negado haber participado o tenido conocimiento de actividades ilícitas relacionadas con la importación de combustibles.
Durante la audiencia, la jueza también confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para el exmandatario, por lo que permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, “El Altiplano”, en el Estado de México, mientras avanza el proceso judicial.
En el mismo penal continuarán su proceso Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y José Merino Valdés Cuervo. En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en prisión domiciliaria por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén seguirá internada en el Centro de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.
Con la vinculación a proceso inicia la etapa formal de investigación complementaria, durante la cual la FGR deberá fortalecer las pruebas de la acusación, mientras la defensa contará con la posibilidad de impugnar la resolución y presentar elementos para desvirtuar los señalamientos formulados contra el exgobernador y los demás imputados.