Tijuana.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que fue objeto de una “emboscada psicológica” durante la reunión en la que sostuvo una conversación con personas que se presentaron como presuntos intermediarios de autoridades estadounidenses, cuyos audios fueron filtrados recientemente.
La mandataria sostuvo que el encuentro formó parte de una estrategia para desacreditarla políticamente y responsabilizó al exgobernador Jaime Bonilla de haber facilitado ese acercamiento.
En entrevista con el portal mexicano Sin Embargo, la titular del Ejecutivo estatal afirmó que el origen del conflicto se remonta a 2022, cuando su administración canceló el contrato de la planta fotovoltaica de Next Energy, valuado en alrededor de 40 mil millones de pesos. Según explicó, el proyecto carecía de los permisos federales necesarios, decisión que, dijo, provocó el inicio de una serie de ataques en su contra.
Ávila Olmeda relató que fue el propio Bonilla quien le ofreció ponerla en contacto con una persona que supuestamente podría orientarla para resolver la revocación de su visa estadounidense. Sin embargo, sostuvo que el encuentro terminó convirtiéndose en una trampa cuidadosamente preparada para grabar la conversación y difundir fragmentos con fines políticos.
La gobernadora señaló que, durante la reunión, le plantearon escenarios legales graves relacionados con presuntas investigaciones en Estados Unidos, situación que describió como una forma de presión psicológica para hacerla reaccionar ante acusaciones que, afirmó, nunca estuvieron respaldadas por documentos oficiales.
Respecto a los audios filtrados, rechazó haber compartido información confidencial o que comprometiera la seguridad nacional. Explicó que las referencias a las mesas de seguridad correspondían únicamente a datos generales sobre la incidencia delictiva y a la coordinación institucional entre autoridades mexicanas y estadounidenses.
Marina del Pilar reiteró que no tiene nada que ocultar, aseguró estar dispuesta a atender cualquier requerimiento por las vías legales y sostuvo que la difusión de las grabaciones forma parte de una campaña de desprestigio derivada de decisiones tomadas durante su administración.