CDMX.- Un juez federal impuso la medida cautelar de prisión preventiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien enfrenta acusaciones por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, en un caso relacionado con una presunta red de huachicol fiscal que habría ocasionado un daño superior a los 4 mil millones de pesos a la hacienda pública.
La audiencia inicial comenzó la noche del viernes 17 de julio y se prolongó hasta la madrugada de este domingo debido a diversos recesos.
La diligencia se llevó a cabo por videoconferencia desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, enlazada con el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación señala que la organización presuntamente reportaba volúmenes menores de combustible a los realmente transportados o clasificaba los hidrocarburos como mercancías distintas para evadir el pago de impuestos.
La dependencia sostiene que este esquema no solo genera pérdidas millonarias para el erario, sino que también representa una fuente de financiamiento para organizaciones delictivas.
Durante la audiencia, la defensa del exmandatario solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez amplió de 72 a 144 horas el plazo para determinar si Ruffo Appel será vinculado a proceso. Mientras se resuelve su situación jurídica, permanecerá internado en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como “El Altiplano”.
Los primeros retrasos en la diligencia obedecieron a que la defensa no había recibido la totalidad de la carpeta de investigación, mientras que posteriormente se reportaron problemas técnicos para enlazar a los abogados de los ocho imputados que comparecieron en el mismo procedimiento.
Ernesto Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995 y fue el primer mandatario estatal de oposición al PRI en la historia del país, fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Posteriormente fue trasladado a la delegación de la FGR en Tijuana y después a la Ciudad de México.
Paralelamente, la defensa promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Ensenada, en el que denunció presunta privación ilegal de la libertad, incomunicación y posibles actos de maltrato durante su detención. Asimismo, familiares del exgobernador, incluida su hija Verónica Ruffo, han manifestado públicamente su preocupación por las condiciones en las que se encuentra y han solicitado que se respeten sus derechos durante el proceso.
En la misma causa penal también fueron imputadas otras siete personas, entre ellas empresarios, accionistas y un agente aduanal presuntamente relacionados con la operación investigada. El juez determinó que dos de los acusados permanezcan en prisión domiciliaria por motivos de salud, mientras que otra de las imputadas fue ingresada al Centro Penitenciario Nezahualcóyotl Sur. La resolución sobre la vinculación a proceso de todos los involucrados se conocerá una vez que concluya el plazo constitucional ampliado.