Tijuana.- El gobierno de Estados Unidos formalizó este martes 6 de octubre las sanciones contra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como contra su hermano Luis Alfonso Torres Torres, Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y otros ciudadanos vinculados con Baja California.
Las medidas quedaron asentadas en el Federal Register, equivalente al Diario Oficial estadounidense, aunque la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, había adoptado las determinaciones desde el pasado 29 de septiembre.
De acuerdo con el documento, los bienes e intereses en propiedades de las personas sancionadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados. Además, ciudadanos y empresas de Estados Unidos tienen, en términos generales, prohibido realizar operaciones con los individuos incluidos en la lista.
En el caso de Carlos Torres Torres, identificado como residente de Tijuana, OFAC señala expresamente su vínculo con el Cártel de Sinaloa y sostiene que proporcionó o intentó proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios a la organización.
La misma acusación administrativa fue establecida contra Luis Alfonso Torres Torres. También fue incluido Moreno Gómez Santelices, junto con otros residentes de Tijuana y Mexicali. Entre los nombres aparece Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, a quien autoridades estadounidenses identifican como integrante del Cártel de Sinaloa.
El documento también sanciona a 25 empresas, varias de ellas con operaciones o domicilios en Baja California. Entre las compañías relacionadas con Moreno Gómez Santelices aparecen Baja Fixer Group, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Private Equity Baja y Wermak Publired. En el caso de Luis Alfonso Torres Torres figuran, entre otras, Edifika Desarrollos Baja, Raes Restaurante, The Woods Bar y Vida Orgánica Tijuana.
Las medidas se sustentan en las órdenes ejecutivas 14059, contra el tráfico internacional de drogas, y 13224, relacionada con el combate al terrorismo.
Marina del Pilar Ávila Olmeda no aparece como sancionada ni mencionada en el documento. La gobernadora se ha deslindado de las acusaciones contra su exesposo y ha sostenido que cada persona debe responder por sus propios actos.
Las disposiciones anunciadas corresponden a sanciones administrativas y financieras de OFAC y no constituyen, por sí mismas, una acusación penal ante un tribunal estadounidense.