Tijuana.- El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que las recientes sanciones contra integrantes y presuntos operadores del Cártel de Sinaloa exhiben el alcance de la corrupción y la influencia criminal en instituciones de Baja California.
Thomas Pigott, portavoz del Departamento de Estado, señaló que entre los objetivos de las autoridades estadounidenses se encuentran operadores políticos y funcionarios que, de acuerdo con las acusaciones de Washington, habrían recibido sobornos para proteger actividades del grupo criminal frente a las corporaciones de seguridad.
El señalamiento se produjo después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionara a 21 personas y 25 empresas vinculadas con Los Mayos, entre ellas Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda; su hermano Luis Alfonso Torres Torres, y Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la estructura criminal mantiene posiciones estratégicas en Tijuana y Mexicali, consideradas rutas relevantes para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En Tijuana, Washington identifica como jefes de plaza a Alfonso Arzate García, “El Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, mientras que Mexicali estaría bajo control de Juan José Ponce Félix, “El Ruso”.
El Tesoro sostiene además que Torres habría utilizado su influencia política para favorecer operaciones del cártel y que Mendívil habría recibido sobornos a cambio de facilitar el control criminal sobre la policía municipal de Mexicali. Estas son acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses y no equivalen por sí mismas a una sentencia judicial.
Washington ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de “El Aquiles”, “La Rana” y “El Ruso”.
Torres ha rechazado públicamente cualquier vínculo con actividades criminales y anunció acciones para impugnar los señalamientos.