TIJUANA, BC.- El Gobierno de Baja California fijó postura luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos difundiera información relacionada con personas y empresas presuntamente vinculadas con una red criminal.
A través de un comunicado, la administración estatal enfatizó que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no aparece entre las personas sancionadas por la autoridad estadounidense, y señaló que la mandataria se encuentra legalmente divorciada de Carlos Torres Torres.
El Gobierno estatal indicó que, tras la separación, el único vínculo que mantienen ambos es el relacionado con el bienestar de sus hijos.
Asimismo, aseguró que la gobernadora no cuenta con cuentas bancarias ni propiedades inmobiliarias fuera de México y que su patrimonio ha sido declarado ante las autoridades mexicanas, conforme a las disposiciones correspondientes.
Ante la información difundida por la OFAC, Marina del Pilar instruyó a la Oficialía Mayor del Gobierno estatal a realizar una revisión para determinar si alguna de las empresas mencionadas por la autoridad estadounidense ha tenido contratos con la administración de Baja California.
En caso de localizar expedientes relacionados con esas compañías, la documentación será turnada a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que analice los casos y determine las acciones que correspondan conforme al marco legal.
El Ejecutivo estatal señaló que esta revisión tiene como propósito atender institucionalmente la información difundida por Estados Unidos y verificar si existe algún antecedente contractual con las empresas señaladas.
La postura oficial ocurre después de que el Departamento del Tesoro incluyera a Carlos Torres Torres y a su hermano Luis Alfonso Torres Torres entre las personas sancionadas, mientras que la gobernadora no fue incorporada a dicha medida.
La administración estatal reiteró que cualquier revisión o actuación derivada de posibles contratos será realizada por las instancias competentes y conforme a la legislación vigente.