CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, luego de que Estados Unidos lo incluyera entre las personas sancionadas por presuntos vínculos con una red de corrupción y actividades del Cártel de Sinaloa.
El Departamento del Tesoro estadounidense anunció el 29 de septiembre sanciones contra 21 personas y 25 empresas. En su documento oficial, la OFAC identifica a Torres como vinculado al Cártel de Sinaloa y sostiene que habría utilizado su influencia política para facilitar actividades de la organización criminal en Baja California.
Frente a ello, Sheinbaum subrayó que el bloqueo de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no significa, por sí mismo, que México haya acreditado judicialmente una relación con grupos delictivos.
La mandataria explicó que la UIF puede detectar movimientos financieros considerados irregulares o de riesgo y proceder al bloqueo preventivo de cuentas, sin que necesariamente exista una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.
El argumento presidencial busca establecer una diferencia entre las sanciones administrativas y financieras impuestas por Estados Unidos y la existencia de una acusación penal en México.
Sin embargo, el caso trasciende el ámbito financiero. Washington no presentó la medida únicamente como una irregularidad bancaria: incluyó a Torres dentro de una estructura que, según el Tesoro, permitió al Cártel de Sinaloa operar en la frontera.
Además, Estados Unidos informó que su visa fue revocada en mayo de 2025, mientras Torres ha rechazado los señalamientos.
La controversia coloca nuevamente a Baja California y al gobierno de Morena ante cuestionamientos sobre posibles vínculos entre poder político, negocios y organizaciones criminales, mientras las autoridades mexicanas sostienen que cualquier responsabilidad deberá acreditarse mediante investigaciones y procedimientos legales.